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  • COMUNICACION A 3446 BCRA. REPROGRAMACION DE DEPOSITOS.
    de la exclusión o desafectación sin superar el importe percibido por indemnizaciones o seguros El titular deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste que el total de exclusiones solicitadas por este concepto en el sistema financiero no excede la suma establecida El remanente si lo hubiere del depósito no exceptuado de la reprogramación quedará sujeto a ésta sin modificar la aplicación del calendario de pagos según el tramo por monto que originalmente le hubiera correspondido 1 3 Personas físicas que acrediten fehacientemente la inmediata e impostergable necesidad de una intervención quirúrgica o de un tratamiento médico a través de estudios y diagnósticos a realizar por instituciones hospitalarias o clínicas médicas del país o la adquisición de medicamentos vinculados a ellos tanto para sí como para sus ascendientes y descendientes hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad y cónyuge El titular deberá presentar un presupuesto formulado por la institución asistencial sobre las erogaciones a cubrir y o estimación del costo del tratamiento médico y de los medicamentos y una constancia del profesional interviniente con certificación extendida por la Secretaría de Estado correspondiente u organismo provincial o similar competente en la materia Se acreditará en una cuenta corriente o caja de ahorros en pesos hasta el equivalente a 5 000 Las importes requeridos por encima de esa suma se acreditarán en una cuenta especial habilitada al efecto y serán transferidos por la entidad directamente a los destinatarios que indique el titular para solventar los gastos incurridos comprendidos en el presupuesto presentado conservando copia de la documentación respaldatoria El remanente si lo hubiere del depósito no exceptuado de la reprogramación quedará sujeto a ésta aplicando a los fines del calendario de pagos el tramo por monto que corresponda según el saldo 1 4 Personas físicas que acrediten fehacientemente la inmediata e impostergable necesidad de una intervención quirúrgica o de un tratamiento médico a través de estudios y diagnósticos a realizar por instituciones hospitalarias o clínicas médicas del exterior o la adquisición de medicamentos vinculados a ellos tanto para sí como para sus ascendientes y descendientes hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad y cónyuge El titular deberá presentar un presupuesto formulado por la institución asistencial sobre las erogaciones a cubrir y o estimación del costo del tratamiento médico y de los medicamentos y naturaleza de la intervención o tratamiento a seguir formulado en el exterior con una certificación extendida por un profesional médico local que lo avale Se admitirá incluir gastos de traslado al exterior y eventuales de estadía del enfermo y acompañante según detalle que deberá formularse Los fondos serán transferidos directamente por la entidad a favor del institución que preste el servicio médico de que se trate o vendedora de los medicamentos sin previa conversión a pesos cuando se trate de saldos en moneda extranjera En el caso de saldos en pesos la conversión a moneda extranjera se hará al tipo de cambio que corresponda según las normas vigentes en materia cambiaria El importe vinculado

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  • INCONSTITUCIONALIDAD DEL CORRALITO. FALLO CORTE.
    su vez por el decreto 141 02 en cuanto a la devolución de saldos en monedas extranjeras Sobre la base de las atribuciones conferidas en la normativa recientemente indicada el Ministerio de Economía dictó la resolución 18 2002 del 17 de enero de 2002 la cual ha sido reformada por la 23 del 21 de enero de 2002 actualmente vigente que en su anexo establece en cuanto aquí interesa un cronograma de vencimientos reprogramados de los depósitos existentes en el sistema bancario a la fecha de su entrada en vigencia bajo el régimen del decreto 1570 01 en el que se mantiene la indisponibilidad de dichos fondos 8 Que tras la reseña de la normativa en juego es preciso recordar la tradicional jurisprudencia del Tribunal cuya sintética formulación postula que las razones de oportunidad mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial Fallos 98 20 147 403 150 89 160 247 238 60 247 121 251 21 275 218 295 814 301 341 302 457 303 1029 308 2246 321 1252 entre muchos otros Por otro lado todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda en principio excluido de la revisión judicial Ello no obsta a que se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos Fallos 112 63 150 89 181 264 261 409 264 416 318 445 por ende una vez constatada la iniquidad manifiesta de una norma Fallos 171 348 199 483 247 121 312 826 o de un acto de la administración Fallos 292 456 305 102 306 126 y 400 corresponde declarar su inconstitucionalidad 9 Que se encuentra fuera de discusión en el caso la existencia de una crisis económica por lo que no cabe cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medidas paliativas por parte del Estado Pero ello no implica que se admita sin más la razonabilidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud Máxime cuando ha existido en un breve período una profusión de normas sobre el tema que en algunos casos más que propender a la fijación de pautas claras sobre la disponibilidad de las sumas depositadas en instituciones bancarias y financieras por los particulares ha generado un inédito y prolongado estado de incertidumbre En este contexto cabe recordar que esta Corte ha subrayado en reiteradas oportunidades que el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto Fallos 136 161 313 1513 y 317 1462 El Tribunal ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes siempre que no se altere la sustancia de unos y otras Fallos 243 467 a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico económico o de otra índole Fallos 238 76 En estos casos el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente con el límite que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado Fallos 171 79 toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios Fallos 238 76 La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable limitada en el tiempo un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad toda vez que la emergencia a diferencia del estado de sitio no suspende las garantías constitucionales confr Fallos 243 467 323 1566 10 Que a la luz de los conceptos expuestos corresponde decidir si la restricción impuesta por el decreto originariamente cuestionado con los alcances actualmente definidos por la resolución 23 2002 del Ministerio de Economía resulta o no un ejercicio razonable de las facultades del Estado frente a la situación de grave crisis global económica y financiera En tal sentido si bien es cierto que acontecimientos extraordinarios habilitan remedios extraordinarios los mecanismos ideados para superar la emergencia están sujetos a un límite y éste es su razonabilidad con la consiguiente imposibilidad de alterar o desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares La limitación fijada por las sucesivas normas ya aludidas muestra un ejercicio carente de razonabilidad de la facultad normativa tendiente a conjurar el trance Ello es así pues tal restricción implica una violación a los arts 17 y 18 de la Constitución Nacional en tanto desconoce el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio 11 Que el derecho a disponer libremente de los fondos invertidos o depositados en entidades bancarias y financieras se sustenta con independencia de los preceptos legales que puedan reconocerlo en los principios de la Ley Fundamental y no es dudoso que condicionar o limitar ese derecho afecta a la intangibilidad del patrimonio y obsta al propósito de afianzar la justicia Tal afectación de los mentados principios constitucionales dada la gravedad que reviste y la ausencia de razones decisivas que justifiquen la exigencia legal que la provoca no puede entenderse como fruto de una reglamentación razonable de tales principios ni encuentra respaldo por ende en el art 28 de la Carta Magna Fallos 305 945 considerando 8 último párrafo Tal circunstancia se aprecia nítidamente en la situación planteada en el sub lite en donde las sucesivas reglamentaciones aludidas han excedido el marco de la delegación imponiendo condicionamientos y restricciones a la libre disposición de la propiedad privada de los particulares en abierta violación de las normas constitucionales mencionadas 12 Que en tal sentido cabe recordar que esta Corte ha establecido que la facultad del Estado de imponer límites al nacimiento o extinción de los derechos no lo autoriza a prescindir por completo de las relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo de la legislación anterior especialmente cuando las nuevas normas causan perjuicios patrimoniales que no encuentran un justo paliativo Fallos 316 1551 318 1531 y sus citas y 1749 entre otros De igual modo el Tribunal subrayó que cuando bajo la vigencia de una norma el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho debe considerarse que hay derecho adquirido porque la situación jurídica general creada por esa normativa se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que como tal se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art 17 de la Constitución Nacional confr entre muchísimos otros Fallos 314 1477 316 2090 y 317 1462 13 Que en análogo orden de consideraciones esta Corte señaló que ni el legislador ni el juez podrían en virtud de una ley nueva o de su interpretación arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior ya que en ese caso el principio de no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema Fallos 319 1915 320 31 1796 y 2157 14 Que a la luz de los criterios jurisprudenciales mencionados se aprecia que en el caso el actor ha sido víctima de la vulneración de su patrimonio toda vez que la constitución de sus depósitos había sido efectuada bajo la vigencia de un régimen que garantizaba su inalterabilidad Tal garantía además se había visto recientemente reforzada mediante las disposiciones de la ley 25 466 que con carácter de orden público consagró la intangibilidad de los depósitos definiendo tal intangibilidad como la imposibilidad por parte del Estado de alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera así como la prohibición de canjearlos por diferentes activos del Estado Nacional de prorrogar su pago o de reestructurar su vencimiento arts 1 a 4 circunstancias que exceden en mucho las que se presentaron por cierto en la causa Peralta que se registra en Fallos 313 1513 Ante ese cuadro de situación tanto las restricciones impuestas por el decreto 1570 01 y sus posteriores reglamentaciones como por la ley 25 561 de Emergencia Pública en cuanto suspende la aplicación de la referida ley de intangibilidad art 15 han provocado una incuestionable modificación de las condiciones y presupuestos tenidos en mira por ahorristas e inversores al tiempo de efectuar sus operaciones bancarias lo que apareja un evidente desconocimiento de sus derechos adquiridos y por consiguiente una profunda e injustificada lesión a su derecho de propiedad 15 Que por lo demás una justa apreciación del medio concreto elegido por la administración como paliativo de la crisis a fin de decidir sobre su razonabilidad no puede ser examinada con prescindencia del conjunto de las medidas adoptadas Desde tal enfoque es menester destacar que la imposibilidad de disponer íntegramente de los ahorros e inversiones es solo una de las variadas restricciones al uso y goce de los recursos monetarios amparados por el derecho a la propiedad desde que la generalidad de las personas físicas y jurídicas ven cercenadas también la libre disponibilidad a la extracción íntegra de los importes correspondientes a remuneraciones y jubilaciones Todo ello sumado a la modificación del régimen cambiario extremo que a esta Corte no le compete juzgar desde que no es materia de debate en el presente y en tanto el control de constitucionalidad no comprende la facultad de sustituir a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad provoca un generalizado menoscabo en la situación patrimonial del conjunto social Frente a tan singular situación la restricción imperante en relación con los depósitos bancarios adolece de irrazonabilidad toda vez que no se advierte la proporcionalidad entre el medio elegido y el fin propuesto con su implementación para conjurar la crisis ya que no significa una simple limitación a la propiedad sino que agregada al resto de las medidas adoptadas coadyuva a su privación y aniquilamiento El efecto producido por las normas impugnadas excede pues el ejercicio válido de los poderes de emergencia ya que aun en estas situaciones como se recordó más arriba el Estado no puede válidamente transponer el límite que señala el art 28 de la Constitución Nacional y preterir su inexcusable rol como gestor del bien común La norma en cuestión afecta por tanto en forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los arts 14 bis y 17 de la Constitución Nacional así como las previsiones del art 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica En las condiciones expuestas corresponde desestimar el recurso interpuesto Por ello oído el señor Procurador General de la Nación se desestima el recurso interpuesto Notifíquese y previa devolución de los autos principales archívese JULIO S NAZARENO EDUARDO MOLINE O CONNOR CARLOS S FAYT según su voto ANTONIO BOGGIANO GUILLERMO A F LOPEZ ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ ES COPIA VO TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S FAYT Considerando 1 Que el Banco de Galicia y Buenos Aires S A pide la intervención de esta Corte a raíz de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Corrientes que dispuso como medida cautelar la devolución a su vencimiento y por el total de los depósitos a plazo fijo que el actor solicitó con fundamento en la inconstitucionalidad del decreto 1570 01 2 Que como surge de fs 16 este Tribunal admitió legitimación a los peticionarios para ejercer la acción recursiva prevista en el art 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Asimismo tuvo por interpuesto el recurso con los efectos suspensivos sobre la resolución dictada establecidos en la norma sin perjuicio de lo que en definitiva corresponda decidir sobre el fondo de las cuestiones planteadas 3 Que corresponde delimitar en qué medida ha quedado abierta la jurisdicción de esta Corte para conocer del caso La norma procesal habilitante se refiere exclusivamente a la potestad del Tribunal para entender respecto de medidas cautelares dictadas aun por quien no reviste la calidad de tribunal superior de la causa en los términos del art 14 de la ley 48 No obstante de la lectura del fallo recurrido se desprende que la medida cautelar requerida y ordenada por el juzgador coincide con el objeto de la demanda por lo que la resolución que declaró su viabilidad constituye un anticipo de jurisdicción e implica por tanto el juzgamiento del fondo del asunto Fallos 316 1833 320 1633 entre muchos otros De ahí que ante esta singular situación la competencia de esta Corte no queda circunscripta al estrecho marco cognoscitivo de la cautela sino que se extiende también a lo que ha sido tema de fondo esto es al planteo concreto sobre la inconstitucionalidad de la norma cuestionada y desde esta perspectiva la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales involucradas no ha de estar limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por las de las partes Fallos 312 529 y sus citas entre muchos otros 4 Que cabe señalar además que en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de esta litis por lo que de conformidad con reiterada doctrina de esta Corte su decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir Fallos 308 1489 312 555 313 1753 315 123 entre muchos otros 5 Que el decreto 1570 01 en su art 2 inc a prohibió los retiros en efectivo que superen los pesos doscientos cincuenta 250 o dólares estadounidenses doscientos cincuenta u s 250 por semana por parte del titular o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta del total de sus cuentas en cada entidad financiera El actor planteó la inconstitucionalidad de dicha norma por cuanto le impedía disponer de la totalidad de los depósitos de los cuales es titular por ser contraria al art 17 de la Constitución Nacional y a la ley 25 466 de intangibilidad de los depósitos En el caso por lo demás y a diferencia de lo ocurrido en la causa B 1141 XXXVII PVA Banco de la Ciudad de Buenos Aires s solicita se declare estado de emergencia económica fallada el 28 de diciembre de 2001 el titular de los fondos aún no ha visto satisfecha su pretensión 6 Que con posterioridad la ley 25 557 sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 6 de enero de 2002 en su art 3 estableció que las disposiciones de su normativa no implicaban ratificación ni expresa ni tácita de los decretos 1570 01 y 1606 02 A su turno el 6 de enero de 2002 fue sancionada y promulgada parcialmente la ley 25 561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario Dicha norma en su art 1 declaró con arreglo en el art 76 de la Constitución Nacional la emergencia pública en materia social económica administrativa financiera y cambiaria delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en su texto hasta el 10 de diciembre de 2003 con arreglo a las siguientes bases 1 proceder al reordenamiento del sistema financiero bancario y del mercado de cambios 2 reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales 3 crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública 4 reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el art 2 De las diversas disposiciones de la ley se desprende que la delegación normativa conferida al Poder Ejecutivo ha quedado circunscripta a establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias art 2 a reestructurar las deudas con el sector financiero art 6 segundo párrafo establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras art 6 párrafo tercero y disponer las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas art 6 párrafo 5 7 Que posteriormente el decreto 71 2002 reglamentario del régimen cambiario establecido por la ley 25 561 facultó en su art 5 al Ministerio de Economía a reglamentar la oportunidad y modo de disposición por sus titulares de los depósitos en pesos o en divisas extranjeras pauta modificada a su vez por el decreto 141 02 en cuanto a la devolución de saldos en monedas extranjeras Sobre la base de las atribuciones conferidas en la normativa recientemente indicada el Ministerio de Economía dictó la resolución 18 2002 del 17 de enero de 2002 la cual ha sido reformada por la 23 del 21 de enero de 2002 actualmente vigente que en su anexo establece en cuanto aquí interesa un cronograma de vencimientos reprogramados de los depósitos existentes en el sistema bancario a la fecha de su entrada en vigencia bajo el régimen del decreto 1570 01 en el que se mantiene la indisponibilidad de dichos fondos 8 Que se encuentra fuera de discusión en el caso la existencia de una crisis económica sin precedentes en la historia argentina por lo que no cabe cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medidas paliativas por parte del Estado Pero ello no implica que se admita sin más la constitucionalidad de

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  • Reordenamiento del sistema financiero. decreto 214/2002
    las soluciones más acordes con la preservación del interés general Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL Por ello EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA Artículo 1 A partir de la fecha del presente Decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero de cualquier causa u origen judiciales o extrajudiciales expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes a la sanción de la Ley N 25 561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS Art 2 Todos los depósitos en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero serán convertidos a PESOS a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS 1 40 por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada Art 3 Todas las deudas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras con el sistema financiero cualquiera fuere su monto o naturaleza serán convertidas a PESOS a razón de UN PESO por cada DOLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera El deudor cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada Art 4 A los depósitos y a las deudas referidos respectivamente en los Artículos 2 3 8 y 11 del presente Decreto se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto Art 5 Lo dispuesto en el Artículo precedente no deroga lo establecido por los Artículos 7 y 10 de la Ley N 23 928 en la redacción establecida por el Artículo 4 de la Ley N 25 561 Las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sanción de la Ley N 25 561 no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste Art 6 En el supuesto de las deudas comprendidas en el Artículo 3 a tratándose de obligaciones de pago en cuotas el deudor continuará abonando en PESOS un importe igual al correspondiente a la última cuota durante el plazo de SEIS 6 meses contados desde la fecha de vigencia del presente Decreto Transcurrido dicho plazo la deuda será reprogramada y se le aplicará el coeficiente del artículo 4 del presente Decreto desde la fecha de su vigencia b en las restantes obligaciones con excepción de las correspondientes a los saldos de las tarjetas de crédito el deudor gozará de un plazo de espera de SEIS 6 meses para su pago recalculándose entonces el monto de su deuda mediante la aplicación del coeficiente dispuesto en el artículo

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